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19-06-2010 | 05:06:56 AM | atras Volver

Valor probatorio documentos en fotocopias

Valor probatorio de los documentos en fotocopias.

SENTENCIA DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2009, NÚM. 5, BOLETIN JUDICIAL NO. 1189
SUSPREMA CORTE DE JUSTICIA
Dios Patria Liberta,
En nombre de la Republica,
La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), entidad autónoma del Estado, creada mediante la Ley núm. 70 del 17 de diciembre del año 1970, con asiento social en la margen oriental del Río Haina, Km. 13 ½ de la Carretera Sánchez, representada por su entonces Director Ejecutivo, Vice-almirante M. de G., Sigfrido A. Pared Pérez, dominicano, mayor de edad, casado, con Cédula de Identidad Personal núm. 001-1178660-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 4 de diciembre de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Ana Casilda Regalado, en representación del Dr. Rafael Rodríguez Socías, abogado de la recurrente;
 
Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. David Brito Reyes, abogado de la recurrida Alcira Santos Minaya;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 19 de marzo de 2009, suscrito por Lic. Claudio Marmolejos y el Dr. Pedro Arturo Reyes Polanco, con cédulas de identidad y electoral núms. 001-01988136-3 y 001-0366707-7, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 7 de abril de 2009, suscrito por el Dr. David Brito Reyes, con cédula de identidad y electoral núm. 001-1383918-7, abogado de la recurrida;
Visto el auto dictado el 7 de diciembre de 2009 por el Magistrado Juan Luperón Vásquez, Presidente de la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los Magistrados Julio Aníbal Suárez y Darío O. Fernández Espinal, Jueces de esta Cámara, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
La CORTE, en audiencia pública del 25 de noviembre de 2009, estando presentes los Jueces: Juan Luperón Vásquez, Presidente; Enilda Reyes Pérez y Pedro Romero Confesor, asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;
Considerando , que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por la actual recurrida Solo Alcira Santos Minaya contra la recurrente Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo dictó el 12 de abril de 2005 una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda en desahucio interpuesta por la señora Alcira Santos Minaya contra Autoridad Portuaria Dominicana, y en cuanto al fondo la acoge parcialmente por los motivos precedentemente expuestos, y en consecuencia: a) Declara resuelto el contrato de trabajo por el desahucio ejercido por el empleador Autoridad Portuaria Dominicana; b) Condena a Autoridad Portuaria Dominicana a pagar a la señora Alcira Santos Minaya la suma de Veintiún Mil Cuatrocientos Quince Pesos Dominicanos con Setenta Centavos (RD$21,415.70), por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos dejados de pagar; c) Condena a Autoridad Portuaria Dominicana al pago de la suma de Trescientos Catorce Pesos Dominicanos con Setenta y Dos Centavos (RD314.72), por cada día de la falta de pago del preaviso y el auxilio de cesantía, a contar del 19 de octubre de 2004; d) Ordena como indemnización complementaria que al monto adeudado le sea aplicado el índice de variación de precios al consumidor, provisto al efecto por el Banco Central de la República Dominicana, a contar del 26 de noviembre de 2004; Segundo: Compensa pura y simplemente las costas del proceso; Tercero: Comisiona al Ministerial Abraham B. Alcántara, Ordinario de esta Sala, para la notificación de la presente sentencia”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo se transcribe: “Primero: Rechaza los medios de inadmisión propuestos por la parte recurrida Alcira Santos Minaya, por los motivos precedentemente enunciados; Segundo: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), en contra de la sentencia núm. 00302-2005, de fecha 12 del mes de abril del año 2005, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, en sus atribuciones laborales, por haber sido hecho conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza el referido recurso de apelación por los motivos precedentemente enunciados y en consecuencia confirma la sentencia impugnada en lo que respecta a su ordinal primero, acápites a, c y d y en su ordinal segundo, por los motivos precedentemente enunciados; Tercero: Modifica el dispositivo de la sentencia impugnada en su ordinal acápite “b” para que se lea de la manera siguiente: Condena a Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), al pago de las acreencias a favor de la señora Alcira Santos Minaya, detalladas a continuación: la suma de RD$8,812.42, por concepto de 28 días de preaviso; la suma de RD$8,497.69, por concepto de 27 días de auxilio de cesantía; la suma de RD$5,625.00, por concepto de proporción de 9 meses de salario de Navidad; todo lo cual asciende a un monto total de RD$22,935.11, tomando como base un salario diario de RD$314.73 pesos oro y un tiempo de labores de 1 año, 4 meses y 17 días; Cuarto: Compensa las costas del procedimiento, por haber sucumbido ambas partes en algunos puntos de sus pretensiones”;
Considerando , que la recurrente propone en apoyo de su recurso el siguiente medio de casación: Único: Falta de base legal y violación de los artículos 1334 y 1335, al basar su fallo los tribunales de fondo en documentos depositados en fotostáticas;
Considerando , que en el desarrollo del único medio propuesto la recurrente expresa, en síntesis: que la Corte basó su falló en documentos depositados en fotocopias, sin ordenar ninguna medida de instrucción tendente al depósito de los originales de las acciones de personal de ingresos y de egresos de la trabajadora demandante, pese a ser ésto un punto controvertido en la litis; agrega, que la ponderación sobre el uso de fotostáticas, depositas ante el Tribunal de Segundo Grado y defendida esa parte de la sentencia por el Tribunal a-quo sobre la base de que no fue depositada otra prueba literal ante los tribunales de fondo carece de fundamento porque era a la parte que había depositado esos documentos a quien correspondía hacer el depósito de los originales; que siendo la Corte de Trabajo un tribunal de hechos como el de primer grado, con capacidad y poder discrecional para ordenar el depósito de los documentos originales y cualquier otra medida tendente al esclarecimiento de la verdad basado en la regla del efecto devolutivo de la apelación, debió aplicar en la especie las disposiciones de los artículos 13 y 15 del Código Civil y 2 del Reglamento para la aplicación del Código de Trabajo;
Considerando , que en sus motivos la sentencia impugnada expresa, entre otras cosas, lo siguiente: “Que el recurrente expone que la documentación depositada no probaba el hecho material del desahucio, objetando de esta manera la modalidad de terminación por desahucio. Que ciertamente se trata de una fotocopia el Formulario de Acción de Personal de fecha 5 de octubre del año 2004 dirigido a la señora Alcira Santos Minaya; que al observar detenidamente el mismo éste es claro y legible; que por demás, el recurrente no alegó que existiera alteración en su contenido, por lo que para los fines de este litigio constituye una prueba válida; que en virtud de que el recurso de apelación tiene un efecto devolutivo esta Corte conocerá de nuevo todos los puntos señalados por el recurrente y el recurrido, el cual hizo uso de la prueba documental a través del Formulario de Acción de Personal de fecha 1 de octubre del año 2004, y mediante el mismo Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) establece la motivación de la acción, la cual consiste en informarle a la señora Alcira Santos Minaya, que “Esta Dirección Ejecutiva ha decidido rescindir el contrato de trabajo existente entre usted y esta entidad, con efectividad a partir del 1 del mes de octubre del año 2004”; que en consecuencia se tipifica claramente, que la terminación del contrato de trabajo fue una acción emprendida por la voluntad expresa de Autoridad Portuaria Dominicana, que al no alegar causa alguna se considera desahucio, Art. 75 del Código de Trabajo. Que al comprobarse la violación del artículo 79 de la Ley 16-92 el demandado original está obligado al pago de la indemnización establecida en el artículo 76 de la ley de referencia, de igual modo deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Trabajo; que la responsabilidad derivada del artículo 69 de la Ley 16-92 impone la obligación de darle fiel cumplimiento al artículo 86, último párrafo, de la citada ley. Que esta acreencia a favor del demandante original, así como el pago del reclamo de los derechos adquiridos le corresponden por mandato expreso de la ley; que Autoridad Portuaria Dominicana, pretende desconocer su condición de empleadora y que en consecuencia no está obligada al pago de las prestaciones laborales de sus servidores por ser una entidad del Estado y en virtud del Principio III del Código de Trabajo; pero, eso no es así, ya que la Ley No. 70 de fecha 17 de diciembre del año 1970 la declara como una institución de carácter comercial”; (Sic),
Considerando , que si bien por si sólo las fotocopias no constituyen una prueba, ello no impide que el juez al apreciar el contenido de las mismas deduzca consecuencias, sobre todo en una materia donde existe la libertad de pruebas y éste dispone de un amplio poder de apreciación; sobre las mismas;
Considerando , que el simple alegato sobre la presentación, no es suficiente para descartarlo un documento depositado en fotocopia si el mismo emana de la parte que hace la objeción, siendo necesario además la demostración de que esté alguna alteración, para lo cual está en la obligación de permitir la confrontación correspondiente con el depósito del original que ha de estar en su posesión;
Considerando , que en la especie, si bien la recurrente objetó la presentación del Formulario de Acción de Personal de fecha 1º de octubre de 2004, mediante el cual se le informa a la demandante la terminación de su contrato de trabajo, por haber sido depositado en fotocopia, no invocó tener dudas de su autenticidad o de su contenido, lo que pudo haber demostrado al Tribunal a-quo con la presentación del original de dicho documento, por tratarse de que emanaba de ella, lo que dejó a la Corte a-qua en libertad de apreciar su valor probatorio y de esa apreciación formar su criterio en cuanto a la terminación del contrato de trabajo de la demandante, punto de controversia en el presente caso, tal como lo hizo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.
Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 4 de diciembre de 2008, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor del Dr. David Brito Reyes, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.
Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 9 de diciembre de 2009, años 166° de la Independencia y 147° de la Restauración.
Firmado: Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez, Darío O. Fernández Espinal y Pedro Romero Confesor. Grimilda Acosta, Secretaria General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

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